Contra la Selectividad

El 16 de febrero próximo está convocada una huelga por el Sindicato de estudiantes para protestar contra la reciente imposición de la prueba de selectividad a los alumnos de los ciclos formativos que quieran acceder a la Universidad. También se protesta contra "el endurecimiento de la Selectividad", tras la aprobación de  nuevos requisitos en las pruebas de acceso. Llama la atención la exquisita prudencia con la que, últimamente, hacemos las reclamaciones al Gobierno. Según el diario Córdoba (28/01/11), los estudiantes de ciclos formativos "afirman que no se niegan a hacer una prueba de acceso, pero siempre que se les examine de las asignaturas que han estudiado y no de las que se imparten en bachillerato".  La Selectividad, o para ser más precisos, las Pruebas de Acceso a la Universidad, son algo que, por rutinario, se han convertido en una especie de necesario e inevitable "rito de paso" hacia la Universidad para los estudiantes. Algo que ya casi nadie cuestiona, a no ser para introducir otra reforma o proponer "mejoras". El ignorar el origen de los procesos o instituciones actuales, su arbitrariedad o intencionalidad original, puede conducirnos a "naturalizar" o legitimar esos procesos, y con ello a deslegitimar las luchas o resistencias que provocan.

Pero hubo una época en la que el movimiento estudiantil se movilizó contra estas pruebas de acceso. Se veían como una traba más que añadir a la selectividad económica ya existente, y que afectaba especialmente a los hijos de las familias obreras en sus intentos por incorporarse a los estudios superiores.

Hagamos un poco de memoria. La Selectividad se instauró a finales de la dictadura franquista, en el curso 1974-1975, en el marco de la Ley de Reforma Educativa del Ministro J. L. Villar Palasí.  Como el Examen de Estado o la Prueba de Madurez de las anteriores leyes franquistas, la nueva prueba seguía teniendo una función selectiva, para un modelo de Universidad básicamente elitista. Con la introducción del Curso de Orientación Educativa, y el numerus clausus en las Universidades, la  nueva selectividad adoptaría  además, y prioritariamente, una función distribuidora del alumnado que originaría nuevas disfunciones como la jerarquización entre carreras y la frecuente matriculación del alumnado en especialidades no elegidas (Vid. Fdo. Muñoz Vitoria, El sistema de acceso a la universidad en España, CIDE, MEC, 1993). 

Incluso en el contexto del tardofranquismo, la Selectividad provocó un amplio rechazo. Fue un proyecto elaborado sin consultar a ninguno de los sectores afectados, y que provocó la repulsa incluso dentro de las Cortes franquistas. La ley de Selectividad iba contras las directrices de la Ley General de Educación aprobada hacía poco, en un intento de reactivar la depauperada enseñanza española, en la que se pretendía "construir un sistema educativo permanente no concebido como una criba selectiva de los alumnos", que defendía llevar a cabo "la racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo, que evitaran la subordinación del mismo al éxito de los exámenes". Lo que en esta ley se planteaba como una normativa excepcional sometida a las necesidades de los propios centros universitarios, pasaba a ser, gracias al ministro Martínez Esteruelas, una norma general bajo los criterios del Ministerio. Fue una ley, la de la Selectividad, surgida en plena efervescencia política universitaria contra el régimen franquista, ya en sus estertores. El fuerte rechazo a esta ley se reflejó también en documentos como el elaborado por el Colegio de Doctores y Licenciados que, en su propuesta de Una alternativa democrática a la enseñanza defendía una educación no clasista, en el que "todos tengan las mismas oportunidades, y se evite cualquier tipo de selectividad" (El País, 12/10/1976). Algunas asambleas de "trabajadores de la enseñanza" se sumaron al anterior documento.
Por otro lado, el Ministro Martínez Esteruelas apoyaba la necesidad de esta ley de selectividad en una serie de argumentos que todavía siguen sonando en la actualidad. El primero era el de la baja calidad de la enseñanza superior, algo que difícilmente podía analizarse seriamente desligándolo del resto de los niveles de enseñanza. También se denunciaba la masificación o saturación de las aulas universitarias, cuando el porcentaje de población universitaria en España estaba entre los más bajos de Europa. Lo que se ocultaba era la incapacidad o el desinterés del Gobierno por adecuar las instalaciones y el profesorado al incremento del número de estudiantes. Otro argumento era el de que, a pesar de esta selección, se ayudaría a los económicamente débiles, para que pasaran realmente los "más capacitados", y no hubieran condicionantes sociales o económicos. Pero es que esa selección era seguramente más temprana, en otras etapas educativas anteriores a la universitaria. Además, al handicap cultural y social del alumnado proveniente de las clases trabajadoras, se sumaba el hecho de que difícilmente contarían con los medios económicos suficientes para procurarse medidas correctivas adecuadas con las que superar las barreras selectivas (métodos pedagógicos más eficaces, centros escolares mejor dotados, profesores particulares, etc). 
       Personalmente, recuerdo, a finales de la Transición, las fuertes luchas que organizábamos en los Institutos contra la ley de los Estatutos de Centros, y los esfuerzos por democratizar unas instituciones educativas que, como todas las instituciones públicas heredadas del franquismo, seguían manteniendo resabios autoritarios y/o paternalistas respecto al alumnado. Tras estas huelgas, el movimiento quedó muy destrozado, y aunque hubo otros conatos de huelga en 1983 y 1984, fueron muy limitados. Sólo años más tarde, en 1985, se lanzaría la idea de organizar un Sindicato de Estudiantes. Fue el mismo año que se produjo el movimiento contra la incorporación de España a la OTAN, ahora apoyada por el gobierno socialista, en un vergonzoso giro ideológico, lo que permitió dotar de cierta base al movimiento de protesta estudiantil. 

En septiembre de 1986 se producen protestas en la Universidad Complutense contra la aplicación del numerus clausus, lo que provoca movilizaciones de no admitidos llamando a la solidaridad; movilizaciones que contaron con cuatro mil o cinco mil estudiantes manifestándose desde el paraninfo de la ciudad universitaria hasta Moncloa. La buena respuesta de los estudiantes llevó a convocar una huelga general el 4 de diciembre, que fue el inicio del fuerte movimiento estudiantil del curso 1986-1987. El PSOE había revalidado las elecciones en 1986, aunque ya en junio de 1985 había sufrido la convocatoria de una huelga general contra la reforma de las pensiones (otra más). El gobierno socialista se había estrenado ya en 1983 con una salvaje reconversión industrial y continuaría adoptando políticas que le enfrentarían al movimiento obrero y estudiantil. Las movilizaciones estudiantiles del curso 1986-1987 consiguieron arrancar del gobierno la gratuidad de la enseñanza secundaria (hasta ese momento había que abonar tasas académicas en BUP y COU), avances en la política de becas universitarias, y de derechos democráticos para los estudiantes (derecho de reunión y de huelga), así como la construcción de nuevos centros de enseñanza media en todo el país.

   Pero, a pesar de la insistencia del movimiento estudiantil, se mantendría la prueba de acceso, aunque es verdad que muy descafeinada. Como afirma uno de los líderes estudiantiles de estas protestas, Juan Ignacio Ramos, en las negociaciones con el Ministerio, en la que intervino el actual vicepresidente Rubalcaba, la respuesta de este último a la petición estudiantil de eliminar la selectividad consistió en señalar que el 80% de los estudiantes que se presentaban a ella aprobaban. Es decir, se limitaba a señalar que no era una traba fundamental, pero sin más justificación (Vid. Julia Varela, Las reformas educativas a debate, 1982-2006, Madrid, Morata, 2007, p. 98). Cuando todavía se justifica la necesidad de la selectividad en la actualidad, basándose en una supuesta saturación de las aulas univesitarias, se confunde, entre otras muchas cuestiones que seguiremos analizando, el derecho a la prestación educativa (muy limitado con esta prueba de acceso) y el derecho a ser simplemente examinado (un derecho progresivamente disminuido en la mayor parte de nuestras universidades tras la reforma educativa de los años 70).