Notas sobre la reforma de las pensiones (en el contexto de la historia reciente de las reformas laborales en el Estado español)

La última reforma del sistema público de las pensiones, al que ya dedicamos una entrada, ha sido un paso más en el avance de la globalización económica neoliberal en el Estado español. Medidas como la prolongación de la edad de jubilación o el fomento de los planes de pensiones privados eran ya demandados hace tiempo desde el capitalismo especulativo que domina el mercado. La crisis económica ha sido el empujón que ha presionado y servido de excusa al gobierno socialista para tomar estas medidas, que asume como impopulares, pero que, en este caso, ha contado con el apoyo incomprensible de las dos más importantes centrales sindicales del país.
Pero hagamos memoria. Ya en 1985, el gobierno de Felipe González promovió una ley que endurecía las condiciones para acceder a las pensiones de jubilación (Ley 26/1985). A pesar de una huelga general y la movilización de todos los sindicatos de clase, excepto la UGT, no se pudo frenar la ley.
En 1995, con el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias estatales y de CCOO y UGT, se firmó el llamado Pacto de Toledo, con el que se pretendía, una vez más, alertar de la inviabilidad de la Seguridad Social y establecer reformar estructurales en el sistema de pensiones público. En octubre de 1996, el nuevo gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo con UGT y CCOO que fue la base de la Ley de Derechos de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, aprobado en el Parlamento en junio de 1977. Los puntos más negativos del pacto de Toledo, como ha señalado Emili Cortavitarte (Mientras Tanto, nº 91-92, p. 53) fueron "el claro cuestionamiento de los principios en los que se basaba la Seguridad Social en España (la universalidad del sistema y la garantía de cobertura asistencial y de pensiones) y el nuevo trasvase de rentas que implica: mientras se aumentan los beneficios empresariales por la vía de la reducción de la cuota empresarial a la SS, disminuyen las rentas de los trabajadores y trabajadoras debido a la reducción efectiva de las pensiones. Se amplía el campo de cálculo de la base a los últimos 15 años, se reducen los porcentajes al aplicar la base reguladora en función de los años cotizados y se penalizan las jubilaciones anticipadas voluntarias... Se realiza también una valoración positiva de los sistemas complementarios, es decir, de los sistemas privados de pensiones, mediante bonificaciones fiscales".
En 2001, el gobierno, CCOO y la CEOE firman un nuevo pacto con el objetivo, nuevamente, de "consolidar" el sistema de Seguridad Social en el marco establecido por el Pacto de Toledo. El acuerdo, como ha señalado E. Cortavitarte (op. cit., p. 55), "seguía dando largas para que el Estado se hiciera cargo de las pensiones no contributivas y se aplazaba al 2004 la constitución del Fondo de reserva que asegure la viabilidad del sistema público. Otros aspectos negativos del pacto de pensiones eran: el compromiso de negociación, en el 2003, del periodo de cálculo de pensiones, que tras el Pacto de Toledo se situó en los últimos 15 años, y que el gobierno y la patronal pretenden ampliar a toda la vida laboral con la consiguiente reducción de las pensiones; el vergonzoso compromiso sin fecha de aumentar las pensiones de viudedad del 45% al 52% de la base reguladora; la jubilación anticipada queda en manos de los empresarios y con amplias posibilidades de fraude; y no se aseguran los mecanismos para una pensión digna a los mayores de 52 años despedidos voluntariamente".
Y todo este proceso, enmarcado en 20 años de desregulación laboral, paro, eventualidad, precariedad laboral, exclusión laboral y trasvase de rentas.