Contra la Selectividad (IV): crónica de una ley

Siguiendo la prensa de la época, podemos ir reconstruyendo parte del proceso de aprobación de la ley de Selectividad, así como -dentro de los límites de la censura franquista- las críticas, protestas y manifestaciones que provocó su presentación. Hoy vamos a centrarnos en el diario La Vanguardia. El 30 de marzo de 1974 el diario barcelonés recogía la acogida desfavorable que el proyecto de ley sobre las pruebas de selectividad seguía teniendo entre amplios sectores sociales. Se denunciaba la contradicción de esta ley con el espíritu y la letra de la Ley General de Educación (su carácter de prueba superpuesta a la evaluación continua), la desconfianza que suponía su implantación respecto a la labor de los Institutos de Enseñanza Media, así como la negligencia por parte de la universidad en relación con los programas y la supervisión del Curso de Orientación Universitaria, que ya perdía la finalidad de su denominación. Entre las protestas destacaba la del alumnado de 20 centros de Barcelona que solicitaban que aprobar el COU fuera condición suficiente para el ingreso en la universidad.
El 3 de abril, el Ministro de Educación y Ciencia expuso el proyecto de ley ante el Consejo Nacional de Trabajadores. En su defensa de la ley, el Ministro señalaba que el COU se había acreditado como insuficiente para valorar la aptitud universitaria del alumnado. Y esto a la vez que reconocía el siguiente panorama educativo en España: 200.000 alumnos sin escolarizar y 500.000 mal escolarizados; 19.000 docentes, de los cuales sólo 2.500 pertenecían a la plantilla de los centros, y el resto desempeñaban funciones con carácter interino o contratado; un profesorado sobre el que además se afirmaba que se primaría "la dedicación exclusiva".
El 9 de abril La Vanguardia destacaba que el proyecto de ley de Selectividad había alcanzado el record de enmiendas a la totalidad (25) en la historia de las Cortes franquistas, junto a 167 enmiendas contra determinados aspectos de la ley (especialmente contra su aplicación en ese mismo curso). La Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanzas Medias amenazó con aconsejar a sus asociados el aprobado general para todos los alumnos de COU, "y aún amenazaba con no impartir clase de este curso el año próximo". Por otro lado, el Ministerio recibía el apoyo de las Juntas de Gobierno de las Universidades de Barcelona, Bilbao, Salamanca, Politécnica y autónoma de Madrid, Zaragoza y Santiago. La Asociación Naciona de Padres de Alumnos y la Unión Nacional de Asociaciones Familiares denunciaban la carencia de medios y las pocas salidas profesionales que se ofrecían a los titulados universitarios.
El 12 de abril, en portada, aparecía la rueda de prensa convocada por el Ministro de Educación para defender la bondad de la ley de selectividad, su propósito de mejorar la calidad de la educación y evitar la masificación y la falta de control. El Ministro negaba que se tratara de implantar un numerus claussus y se defendía de las acusaciones respecto al carácter restrictivo y clasista de la ley. Según el Ministro, "la formación, llegados a este punto (el paso a la Universidad), ha nivelado las posibles diferencias de estadios sociales iniciales"; además, señalaba, existían 30.000 vacantes en la formación profesional estatal, y las escuelas universitarias estaban infrautilizadas. Estos últimos aparecían como los espacios de formación "naturales" de los estudiantes provenientes de las clases populares.
El 10 de mayo hubo un paro generalizado en las tres universidades barcelonesas, al que se unieron alumnos de enseñanzas medias. Hubo varias concentraciones y manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas por la "Policía Armada". El rector de la universidad explicaba a la prensa que tras un "fructífero diálogo" acordó con los estudiantes convocar periódicas reuniones de acuerdo con un calendario, sin entrar en valorar ninguna de las cinco medidas solicitadas por los convocantes de la protesta.
El 17 de mayo el Ministro presenta en las Cortes franquistas el proyecto de ley sobre selectividad. En su discurso insistió que "es propósito firme de la Administración evitar todo privilegio de clase" (si insistía, por algo sería, seguramente para negar lo evidente).
El 30 de mayo comenzaron los debates sobre el proyecto de ley. El director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, afirmaba en su discurso: "La actual Enseñanza Media está produciendo un tipo genérico de estudiante que se repite a sí mismo en aterradoras proporciones, y que cualquier profesor de Instituto o Universidad podrá descubrir como vocacionalmente indiferente, disminuido de saberes instrumentales y sin ilusiones culturales definidas". Por otro lado, un procurador resaltaba la diferencia en el número de aprobados en las últimas convocatorias del curso preuniversitario respecto a las del COU, "donde se ha llegado a aprobar más del noventa por ciento". Una de dos, o los estudiantes de medias eran "aterradores" como denunciaba Felipe Lucena, o eran más aplicados que en otras épocas, como señalaba el procurador (¿o quizás insinuaba que aprobar al noventa por ciento hacía al COU sospechoso de ser un filtro poco eficaz?). Ese mismo procurador calificaba de utópico el sistema de evaluación continuada que sostenía la reciente Ley General de Educación, y que la ley de selectividad venía a contradecir, pues señalaba la alta relación profesor-alumno en las escuelas de la época, que sobrepasaba con creces las recomendadas de 25 o 30 alumnos.