Contra la Selectividad (V): la aprobación de la ley y las normas para el desarrollo de las pruebas

El viernes 31 de mayo de 1974, en el debate sobre el proyecto de ley de selectividad en las Cortes franquistas, se desestimaron todas las enmiendas totales presentadas. Según recoge el diario La Vanguardia, entre los argumentos de los procuradores disidentes se encontraban los siguientes:
Es una ley innecesaria, pues según un procurador, "está suficientemente prevista en la LGE la preparación de los alumnos, incluida la programación y la supervisión por la Universidad del COU; basta con que todas estas previsiones se cumplan para que los alumnos lleguen preparados. Y si no lo están, mal podrá capacitarlos un nuevo examen".
Es una ley ineficaz. Varios procuradores manifestaron sus dudas acerca de que el proyecto de ley pueda mejorar la calidad universitaria, mientras que la masificación se considera que afecta sólo a unos centros y es un asunto más de presupuestos que de estudiantes. Y para resolver este punto se considera más útil una reforma fiscal que una prueba de acceso".
Es una ley incongruente con el resto del sistema educativo y con el método de evaluación continua. Altera los presupuestos del COU que queda devaluado y prácticamente anulado en sus fines de orientación vocacional y de ensedanza de las técnicas de trabajo universitario.
Es, además, una ley impopular e inconstitucional (pues restringía el derecho a la educación).
El 12 de junio comenzó a debatirse el articulado del proyecto de ley de selectividad.
El 18 de enero de 1975 se publicaba en el BOE el contenido y las normas del desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad. Según la redactora de La Vanguardia, tras el fuerte debate y la oposición previa, se había suavizado el proyecto de ley, "lo que viene a demostrar que, incluso en España, las campañas tienen su efecto. La ley de selectividad se aprobó más o menos como el Ministerio la había elaborado, pero la norma que la desarrolla ha sido dulcificada". Por ello, la compara con la anterior prueba del curso preuniversitario, en la que aprobaba aproximadamente un 50%, en ocasiones menos, dependiendo del tribunal. Días más tarde, en las cartas al director, aparecía la réplica de un catedrático de instituto a la noticia antes comentada. Este catedrático negaba la "racionalidad" de la nueva prueba -frente a lo que sostenía la redactora-, pues eran pruebas que no versaban sobre las materias del COU y no estaban evaluadas por especialistas (un tribunal de 5 miembros para 20 materias). Hablaba por ello, de una "victoria pírrica" frente al Ministerio. El 28 de enero, el mismo periódico recogía la protesta de la Asociación de Catedráticos de Instituto de Madrid respecto a la falta de adecuación de las nuevas pruebas a la planificación del COU.