Notas sobre la reforma de las pensiones (en el contexto de la historia reciente de las reformas laborales en el Estado español)

La última reforma del sistema público de las pensiones, al que ya dedicamos una entrada, ha sido un paso más en el avance de la globalización económica neoliberal en el Estado español. Medidas como la prolongación de la edad de jubilación o el fomento de los planes de pensiones privados eran ya demandados hace tiempo desde el capitalismo especulativo que domina el mercado. La crisis económica ha sido el empujón que ha presionado y servido de excusa al gobierno socialista para tomar estas medidas, que asume como impopulares, pero que, en este caso, ha contado con el apoyo incomprensible de las dos más importantes centrales sindicales del país.
Pero hagamos memoria. Ya en 1985, el gobierno de Felipe González promovió una ley que endurecía las condiciones para acceder a las pensiones de jubilación (Ley 26/1985). A pesar de una huelga general y la movilización de todos los sindicatos de clase, excepto la UGT, no se pudo frenar la ley.
En 1995, con el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias estatales y de CCOO y UGT, se firmó el llamado Pacto de Toledo, con el que se pretendía, una vez más, alertar de la inviabilidad de la Seguridad Social y establecer reformar estructurales en el sistema de pensiones público. En octubre de 1996, el nuevo gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo con UGT y CCOO que fue la base de la Ley de Derechos de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, aprobado en el Parlamento en junio de 1977. Los puntos más negativos del pacto de Toledo, como ha señalado Emili Cortavitarte (Mientras Tanto, nº 91-92, p. 53) fueron "el claro cuestionamiento de los principios en los que se basaba la Seguridad Social en España (la universalidad del sistema y la garantía de cobertura asistencial y de pensiones) y el nuevo trasvase de rentas que implica: mientras se aumentan los beneficios empresariales por la vía de la reducción de la cuota empresarial a la SS, disminuyen las rentas de los trabajadores y trabajadoras debido a la reducción efectiva de las pensiones. Se amplía el campo de cálculo de la base a los últimos 15 años, se reducen los porcentajes al aplicar la base reguladora en función de los años cotizados y se penalizan las jubilaciones anticipadas voluntarias... Se realiza también una valoración positiva de los sistemas complementarios, es decir, de los sistemas privados de pensiones, mediante bonificaciones fiscales".
En 2001, el gobierno, CCOO y la CEOE firman un nuevo pacto con el objetivo, nuevamente, de "consolidar" el sistema de Seguridad Social en el marco establecido por el Pacto de Toledo. El acuerdo, como ha señalado E. Cortavitarte (op. cit., p. 55), "seguía dando largas para que el Estado se hiciera cargo de las pensiones no contributivas y se aplazaba al 2004 la constitución del Fondo de reserva que asegure la viabilidad del sistema público. Otros aspectos negativos del pacto de pensiones eran: el compromiso de negociación, en el 2003, del periodo de cálculo de pensiones, que tras el Pacto de Toledo se situó en los últimos 15 años, y que el gobierno y la patronal pretenden ampliar a toda la vida laboral con la consiguiente reducción de las pensiones; el vergonzoso compromiso sin fecha de aumentar las pensiones de viudedad del 45% al 52% de la base reguladora; la jubilación anticipada queda en manos de los empresarios y con amplias posibilidades de fraude; y no se aseguran los mecanismos para una pensión digna a los mayores de 52 años despedidos voluntariamente".
Y todo este proceso, enmarcado en 20 años de desregulación laboral, paro, eventualidad, precariedad laboral, exclusión laboral y trasvase de rentas.

Aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN

Continuando con esta especie de crónica sentimental de las luchas sociales de nuestra historia más reciente, desde las protestas estudiantiles contra la selectividad a la actual reforma de pensiones, hoy las noticias nos han traído a la memoria el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN (1986), del que "celebramos" su 25 aniversario. España ya pertenecía a esta organización militar, nacida en el contexto de la Guerra Fría, desde el 30 de mayo de 1982. Convocado por el gobierno presidido por Felipe González, que en la oposición había defendido el ambiguo lema "OTAN, de entrada NO", en el referéndum se les presentaba a los españoles mayores de 18 años una papeleta con el siguiente texto y pregunta:

El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
  2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
  3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?

El resultado fue el "sí" a la permanencia, gracias al apoyo del 52,5% de los votantes, frente al 39,8% que votó en favor del "no". De todas formas, la consulta tenía un carácter consultivo, no vinculante, con arreglo al artículo 92 de la Constitución.
Como se puede comprobar, no se cumplieron ninguna de las condiciones que aparecían en el referéndum. En la actualidad, el ex-presidente del Gobierno ha manifestado que sólo lamenta el haberlo convocado. Asimismo, el Ministro de Defensa de esa época considera en la actualidad un error el convocar referendos sobre cuestiones que él considera de "expertos" (pero reconoce que lo hicieron por la presión popular). Probablemente por esto, en España sólo ha habido 4 referendos desde 1974 hasta la actualidad: ¿ha pasado la política a ser una cuestión de expertos?
A continuación hemos rescatado una canción de Javier Krahe titulada "Cuervo ingenuo", censurada en TVE en Febrero de 1986 durante la retransmisión de un concierto de Joaquín Sabina en el teatro Salamanca.

1986 fue también el año del desastre de la central nuclear de Chernobil (28 de abril), el asesinato de Olof Palme, y el descubrimiento de la "guerra sucia" del gobierno español contra la banda terrorista ETA (tras la denuncia de las conexiones de los GAL con el Ministerio de Interior socialista). Continuaremos en otra entrada hablando de la creación de los Comités Anti-Otan, así como de la necesidad de continuar esa lucha por hacer realidad el grito que sonaba en muchas manifestaciones y protestas de ese año de 1986; un grito que unió a gran parte de la izquierda y dio una fuerte presencia social al movimiento pacifista de este país: ¡OTAN NO, BASES FUERA!

Contra la Selectividad (V): la aprobación de la ley y las normas para el desarrollo de las pruebas

El viernes 31 de mayo de 1974, en el debate sobre el proyecto de ley de selectividad en las Cortes franquistas, se desestimaron todas las enmiendas totales presentadas. Según recoge el diario La Vanguardia, entre los argumentos de los procuradores disidentes se encontraban los siguientes:
Es una ley innecesaria, pues según un procurador, "está suficientemente prevista en la LGE la preparación de los alumnos, incluida la programación y la supervisión por la Universidad del COU; basta con que todas estas previsiones se cumplan para que los alumnos lleguen preparados. Y si no lo están, mal podrá capacitarlos un nuevo examen".
Es una ley ineficaz. Varios procuradores manifestaron sus dudas acerca de que el proyecto de ley pueda mejorar la calidad universitaria, mientras que la masificación se considera que afecta sólo a unos centros y es un asunto más de presupuestos que de estudiantes. Y para resolver este punto se considera más útil una reforma fiscal que una prueba de acceso".
Es una ley incongruente con el resto del sistema educativo y con el método de evaluación continua. Altera los presupuestos del COU que queda devaluado y prácticamente anulado en sus fines de orientación vocacional y de ensedanza de las técnicas de trabajo universitario.
Es, además, una ley impopular e inconstitucional (pues restringía el derecho a la educación).
El 12 de junio comenzó a debatirse el articulado del proyecto de ley de selectividad.
El 18 de enero de 1975 se publicaba en el BOE el contenido y las normas del desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad. Según la redactora de La Vanguardia, tras el fuerte debate y la oposición previa, se había suavizado el proyecto de ley, "lo que viene a demostrar que, incluso en España, las campañas tienen su efecto. La ley de selectividad se aprobó más o menos como el Ministerio la había elaborado, pero la norma que la desarrolla ha sido dulcificada". Por ello, la compara con la anterior prueba del curso preuniversitario, en la que aprobaba aproximadamente un 50%, en ocasiones menos, dependiendo del tribunal. Días más tarde, en las cartas al director, aparecía la réplica de un catedrático de instituto a la noticia antes comentada. Este catedrático negaba la "racionalidad" de la nueva prueba -frente a lo que sostenía la redactora-, pues eran pruebas que no versaban sobre las materias del COU y no estaban evaluadas por especialistas (un tribunal de 5 miembros para 20 materias). Hablaba por ello, de una "victoria pírrica" frente al Ministerio. El 28 de enero, el mismo periódico recogía la protesta de la Asociación de Catedráticos de Instituto de Madrid respecto a la falta de adecuación de las nuevas pruebas a la planificación del COU.

Contra la Selectividad (IV): crónica de una ley

Siguiendo la prensa de la época, podemos ir reconstruyendo parte del proceso de aprobación de la ley de Selectividad, así como -dentro de los límites de la censura franquista- las críticas, protestas y manifestaciones que provocó su presentación. Hoy vamos a centrarnos en el diario La Vanguardia. El 30 de marzo de 1974 el diario barcelonés recogía la acogida desfavorable que el proyecto de ley sobre las pruebas de selectividad seguía teniendo entre amplios sectores sociales. Se denunciaba la contradicción de esta ley con el espíritu y la letra de la Ley General de Educación (su carácter de prueba superpuesta a la evaluación continua), la desconfianza que suponía su implantación respecto a la labor de los Institutos de Enseñanza Media, así como la negligencia por parte de la universidad en relación con los programas y la supervisión del Curso de Orientación Universitaria, que ya perdía la finalidad de su denominación. Entre las protestas destacaba la del alumnado de 20 centros de Barcelona que solicitaban que aprobar el COU fuera condición suficiente para el ingreso en la universidad.
El 3 de abril, el Ministro de Educación y Ciencia expuso el proyecto de ley ante el Consejo Nacional de Trabajadores. En su defensa de la ley, el Ministro señalaba que el COU se había acreditado como insuficiente para valorar la aptitud universitaria del alumnado. Y esto a la vez que reconocía el siguiente panorama educativo en España: 200.000 alumnos sin escolarizar y 500.000 mal escolarizados; 19.000 docentes, de los cuales sólo 2.500 pertenecían a la plantilla de los centros, y el resto desempeñaban funciones con carácter interino o contratado; un profesorado sobre el que además se afirmaba que se primaría "la dedicación exclusiva".
El 9 de abril La Vanguardia destacaba que el proyecto de ley de Selectividad había alcanzado el record de enmiendas a la totalidad (25) en la historia de las Cortes franquistas, junto a 167 enmiendas contra determinados aspectos de la ley (especialmente contra su aplicación en ese mismo curso). La Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanzas Medias amenazó con aconsejar a sus asociados el aprobado general para todos los alumnos de COU, "y aún amenazaba con no impartir clase de este curso el año próximo". Por otro lado, el Ministerio recibía el apoyo de las Juntas de Gobierno de las Universidades de Barcelona, Bilbao, Salamanca, Politécnica y autónoma de Madrid, Zaragoza y Santiago. La Asociación Naciona de Padres de Alumnos y la Unión Nacional de Asociaciones Familiares denunciaban la carencia de medios y las pocas salidas profesionales que se ofrecían a los titulados universitarios.
El 12 de abril, en portada, aparecía la rueda de prensa convocada por el Ministro de Educación para defender la bondad de la ley de selectividad, su propósito de mejorar la calidad de la educación y evitar la masificación y la falta de control. El Ministro negaba que se tratara de implantar un numerus claussus y se defendía de las acusaciones respecto al carácter restrictivo y clasista de la ley. Según el Ministro, "la formación, llegados a este punto (el paso a la Universidad), ha nivelado las posibles diferencias de estadios sociales iniciales"; además, señalaba, existían 30.000 vacantes en la formación profesional estatal, y las escuelas universitarias estaban infrautilizadas. Estos últimos aparecían como los espacios de formación "naturales" de los estudiantes provenientes de las clases populares.
El 10 de mayo hubo un paro generalizado en las tres universidades barcelonesas, al que se unieron alumnos de enseñanzas medias. Hubo varias concentraciones y manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas por la "Policía Armada". El rector de la universidad explicaba a la prensa que tras un "fructífero diálogo" acordó con los estudiantes convocar periódicas reuniones de acuerdo con un calendario, sin entrar en valorar ninguna de las cinco medidas solicitadas por los convocantes de la protesta.
El 17 de mayo el Ministro presenta en las Cortes franquistas el proyecto de ley sobre selectividad. En su discurso insistió que "es propósito firme de la Administración evitar todo privilegio de clase" (si insistía, por algo sería, seguramente para negar lo evidente).
El 30 de mayo comenzaron los debates sobre el proyecto de ley. El director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, afirmaba en su discurso: "La actual Enseñanza Media está produciendo un tipo genérico de estudiante que se repite a sí mismo en aterradoras proporciones, y que cualquier profesor de Instituto o Universidad podrá descubrir como vocacionalmente indiferente, disminuido de saberes instrumentales y sin ilusiones culturales definidas". Por otro lado, un procurador resaltaba la diferencia en el número de aprobados en las últimas convocatorias del curso preuniversitario respecto a las del COU, "donde se ha llegado a aprobar más del noventa por ciento". Una de dos, o los estudiantes de medias eran "aterradores" como denunciaba Felipe Lucena, o eran más aplicados que en otras épocas, como señalaba el procurador (¿o quizás insinuaba que aprobar al noventa por ciento hacía al COU sospechoso de ser un filtro poco eficaz?). Ese mismo procurador calificaba de utópico el sistema de evaluación continuada que sostenía la reciente Ley General de Educación, y que la ley de selectividad venía a contradecir, pues señalaba la alta relación profesor-alumno en las escuelas de la época, que sobrepasaba con creces las recomendadas de 25 o 30 alumnos.

Contra la Selectividad (III): historia del movimiento estudiantil en relación con su lucha contra los procesos selectivos en educación

La protesta estudiantil contra la Selectividad, que venimos analizando en otras entradas de este blog, fue uno más de los elementos restrictivos (junto con la subida de tasas académicas, la supresión de los exámenes de febrero, los alumnos libres o el establecimiento de numerus clausus), que ya desde finales de la dictadura franquista impusieron las clases dominantes de nuestro país para frenar la creciente "masificación" universitaria, es decir, lo que desde su perspectiva de clase se entendía como la inasumible transformación desde una universidad de elites hacia una "universidad de masas" (o en términos menos clasistas, una universidad más popular). Estas protestas antiselectivas dentro del movimiento estudiantil arrancaron, como vimos, con la aprobación en 1974 de la ley de selectividad y continuarían durante la transición, durante la cual se planteó la búsqueda de alternativas democráticas al viejo sistema educativo de la dictadura. Junto las luchas antiselectivas, se desarrollaron durante esos años luchas corporativas (sobre planes de estudio, demanda de infraestructuras adecuadas) o de reformas institucionales (gestión democrática, estatutos o autonomía de los centros). Los últimos años de la transición fueron de una fuerte contestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes, un freno a los proyectos de alternativas democráticas impuesto por la política conservadora del gobierno de UCD. La llegada del PSOE al gobierno no reduciría los conflictos, y junto a la oposición a la temprana Ley de Reforma Universitaria, aparece un fuerte movimiento de protesta en las enseñanzas medias, especialmente durante el curso 1986-1987, donde entre otras reclamaciones se reivindica la supresión de la selectividad y los numerus clausus, la congelación de las tasas académicas y su progresiva disminución, el aumento de las becas y, en general, el incremento de los presupuestos generales del Estado dedicados a la educación. Conviene recordar que desde 1975 a 1986 se incrementó en un 76% el número de alumnos en secundaria, en un contexto de políticas neoliberales de recorte del gasto público, y con altas tasas de paro juvenil que hacían de la enseñanza media y universitaria una estrategia, el único capital para intentar salir de la exclusión. La actitud del gobierno socialista que se negaría durante mucho tiempo a recibir a los estudiantes y dialogar con ellos, y que ordenó reprimir brutalmente algunas de las manifestaciones convocadas, acentuó y prolongó durante mes y medio la protesta. Este movimiento estudiantil nutriría los movimientos sociales de la época, como se reflejó en su participación en la campaña contra la entrada de España en la OTAN, tras la vergonzosa reconversión ideológica de los líderes del PSOE... (Continuará).
Nota: para estas líneas he utilizado algunas ideas del artículo de Carlos Vaquero "El movimiento estudiantil universitario", aparecido en la revista Mientras Tanto (nº 91-92, 2004, pp. 155-176).
A continuación, la información aparecida en el telediario de la 1 acerca de las movilizaciones estudiantiles de 1987.

En la imagen inferior, podéis ver al joven Jon Manteca, que tiene página propia en wikipedia, y que la prensa convirtió en icono mediático de las protestas. Su violencia contra el mobiliario urbano parecía más llamativa para los medios de comunicación que la violencia policial, cuyos disparos alcanzaron, en esa misma protesta, a una manifestante, María Luisa Prada, de 15 años de edad. La corta popularidad de Jon Manteca, utilizado durante un breve tiempo por los medios de comunicación como reflejo de la violencia sin sentido "antisistema", fue "resignificada" sin embargo por grupos de jóvenes como "respuesta reflejo" a la violencia policial, o como imagen de la frágil y precaria (con "muletas"), pero escurridiza lucha contra la resignación, frente a la situación de exclusión de muchos jóvenes españoles. Y ello representado a través de la destrucción de ese letrero de la estación de metro "Banco de España".

Las reformas educativas (I): la LODE

Hace ya 25 años que se aprobó la LODE, una de las leyes orgánicas sobre educación con mayor recorrido en la historia de España.  El 3 de julio de 1985, tras un fuerte debate, especialmente en torno a los "conciertos educativos" con la enseñanza privada, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Esta ley venía a modificar la ley del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) aprobada en 1980 por el gobierno de UCD, tras una fuerte protesta estudiantil. Esta ley, de carácter muy restrictivo respecto a la autonomía de los Centros educativos y  a la participación del alumnado en su funcionamiento, sería parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional.  Además, el cambio de gobierno, tras el triunfo del PSOE  en las siguientes elecciones, condujo, aunque con cierto retraso, a la reforma de las enseñanzas no universitarias, aunque lo hizo de forma fragmentada: primero a través de la modificación del régimen de los centros (LODE, 1985), luego con la reforma del currículo (LOGSE, 1990), y en 1995 con la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG).


La LODE tuvo como ejes básicos la constitución de los Consejos Escolares (su importancia en la gestión y control de la autonomía de los Centros educativos) y el tema de los conciertos educativos, que llevaría a la expansión de la enseñanza concertada en nuestro país (en detrimento de la pública). Como ha señalado Luis Gómez Llorente ("El desvío de un modelo", Cuadernos de Pedagogía, nº 408, enero 2011, pp. 85-91), el desarrollo de la LODE, ya polémica en sus orígenes por su búsqueda de equilibrios y concesiones a la enseñanza privada, ha ido degradándose con los años, produciendo una hipertrofia de la concertación (la escuela concertada, que no la pública, ha sido la gran beneficiada en este proceso) y la atrofia de la participación (junto con la pérdida de competencias de los Consejos Escolares). La expansión de los conciertos durante estos años ha ido más allá de los límites que establecía la ley de 1985 (art. 47), que los situaba en la EGB, y se han ido extendiendo, en ocasiones, hacia la Formación Profesional, el Bachillerato, la Educación Infantil o los PCPI. Por otro lado, la "autonomía" de los Centros es una expresión que ha invertido su original significado: si en la LODE significaba la gestión, control y participación de los órganos de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de los centros escolares, en la actualidad, "autonomía", especialmente en el sector privado, significa la "ampliación de las facultades de quien tiene la potestad de dirigir" el centro educativo. Ya desde la LOCE, durante el gobierno del PP, se revocó la competencia del Consejo Escolar en la designación de los directores. Y cuando el PSOE llega al gobierno y saca adelante la LOE (2006), "no reestablece la elección del director, sino que establece un complejo sistema de selección por una comisión bipartita Administración-Centro, en la que tiene mayoría los representantes del Centro, pero que opera de acuerdo con un baremo elaborado por la Administración". Esta se reserva, asimismo, la evaluación de la gestión de los directores. Lo paradójico, además, es que es entonces, como señala Luis Gómez, "cuando se adaptan sustanciosas medidas (económicas y profesionales) para estimular la presentación de candidaturas" (ahora que la dirección de los Centros es claramente dependiente de la Administración, y no cuando eran cargos electivos). Se tiende a "profesionalizar" la dirección de los Centros, en dirección hacia un nuevo estamento jerárquico, más dependiente de la Administración que de la comunidad educativa. Se tiende a desincentivar la ya escasa participación democrática en la escuela, en la búsqueda de buenos "gestores". Y así nos va.