JORNADAS POR LA MEMORIA

En torno al 1 de mayo se celebran varias actividades en torno a la Memoria Histórica en los pueblos sevillanos de Marchena y Fuentes de Andalucía.
En Fuentes se ha realizado un homenaje a las mujeres, niñas algunas, asesinadas en el verano del año 1936 por los fascistas. Se las llevaron presas a todas en un camión: Mercedes Medrano de 18 años, Josefa González de 16 años, la hija de la Polonia de 15 años, la hija de Manuel de la Melliza de 14 años... Se las llevaron hacia La Campana, pueblo vecino. Antes de llegar a él, en la finca El Aguaucho, se detuvieron y las hicieron bajar. Allí las  asesinaron a todas y arrojaron sus cuerpos a un pozo.
Por otra parte, en Marchena, la Asociación Dignidad y Memoria organiza las VI Jornadas de Dignificación y Recuperación de Memoria Histórica. Este año las actividades se centrarán en los días 1, 3 y 4 de mayo. El día 1 de mayo, a las 12:00 horas se realizará, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, la sustitución del rótulo de la calle Sáncho Dávila por el de Calle Enrique Iniesta Coullaut Valera. Personalmente, me hubiera gustado más sustituir el nombre del destacado falangista por el de alguna de las víctimas de la represión en Marchena, y no por alguien que representa esa mezcla tan local de andalucismo, catolicismo y paternalismo obrero.
El martes 2 de mayo, los historiadores Raúl Ruano y José Luis Gutiérrez Molina iniciarán las jornadas. Raúl Ruano hablará sobre "El anarquismo como cultura de resistencia: educación libertaria y lucha contra la pobreza". Gutiérrez Molina disertará sobre "El movimiento anarquista en Andalucía y su represión". En la Sala Municipal de Cultura a partir de las 20 horas. Nos vemos.

La liga de los inquilinos

Ciudadanos de algunos barrios de Sevilla se han organizado en Ligas de Inquilinos que protestan contra el desahucio de vecinos que no pueden hacer frente a la hipoteca o al alquiler de la casa en la que habitan. También la Plataforma Ciudadana de Alternativas a la Crisis, creada el pasado 8 de abril en Sevilla, presentó un documento en el que se recogía, entre otras, la siguiente exigencia al actual gobierno:
"Actuaciones urgentes para devolver sus viviendas a los cientos de miles de familias y personas paradas y de bajas rentas que las han perdido al ser desahuciadas por entidades financieras, y adopción de normas que impidan que ninguna otra vuelva a serlo por deudas a bancos que estén obteniendo beneficios multimillonarios. Igualmente, establecimiento de moratoria que impida los desahucios sobres arrendatarios y alquilados y los cortes de energía y agua a todas aquellas personas de baja renta que se hayan visto afectadas por la crisis y hayan perdido su puesto de trabajo".
Desde la prensa, economistas como el profesor Vicenç Navarro vienen denunciado la actual Ley Hipotecaria, resultado de la excesiva influencia de la Banca sobre el Estado español. Una ley que blinda a la banca de posibles pérdidas a costa de una enorme desprotección del usuario que no puede pagar su hipoteca, algo que ha llamado incluso la atención de la prensa internacional.  Estas reivindicaciones por el acceso universal a la vivienda, y contra el desahucio de las personas con dificultades económicas, tiene ya una larga historia de luchas y resistencias. En Sevilla, durante la II República, y tras la victoria del Frente Popular en las elecciones, hubo una huelga de alquileres que dividiría a los sindicatos existentes. En 1931, al paro y los bajos salarios se unía la carestía y la escasez de la vivienda. En la capital hispalense, "los alquileres habían subido un 45 por cien desde 1914, sin que se hubiese notado un mejor acondicionamiento higiénico de las casas, en las que muchas familias vivían hacinadas en las llamadas casas de vecinos". El tema de la vivienda era uno de los más hirientes para las clases populares. En Sevilla, la llamada Liga de Inquilinos llegó en poco tiempo a tener unos 30.000 afiliados. Izquierda Republicana propuso "que el Estado autorizase al municipio a disponer de las fianzas que los inquilinos tenían que pagar a los propietarios de las viviendas y a varias compañías, como la del gas, que servirían para construir casas baratas y reducir el paro. Los comunistas querían que los alquileres se rebajasen a la mitad, que se dispensase de tres meses de pago a los afectados por las inundaciones, y que se inspeccionase si la renta que cobraban los propietarios respondían a la que tributaban a Hacienda. Al calor de este ambiente se iniciaron las ocupaciones de las casas vacía, y se celebró el acto de una Cámara de Inquilinos, en el que participaron los representantes del Frente Popular. Las conclusiones fueron llevadas en manifestación al Gobierno Civil. Éstas eran la higienización de las casas, la prohibición de desahucio en caso de paro o enfermedad, la desaparición de las fianzas, la creación del Jurado mixto de la vivienda, etc... El gobernador civil ordenó desalojar las casas ocupadas, negando cualquier personalidad jurídica a los comités de inquilinos, y menos para imponer alquileres;por ello autorizó a los propietarios a desalojar a los morosos y a no reconocer las rebajas impuestas de los alquileres. La respuesta de los inquilinos fue iniciar una huelga". El éxito de la iniciativa fue enorme, negándose a pagar casi todo el mundo. Socialistas y comunistas intentaron reconducir la cuestión, alcanzando un pacto con algunos propietarios. "Pero la CNT, en una tumultuosa asamblea celebrada en la plaza de toros, se negó a aceptar el acuerdo... El nuevo gobernador civil, recién llegado para poner orden en la ciudad, mandó a los guardias de asalto que disolviesen las manifestaciones diarias contra los caseros, y ordenó a los bomberos que retirasen todas las pancartas relativas al conflicto, encontrándose con que ambos le comunicaron que no podían obedecerlo porque ellos también eran inquilinos y estaban de huelga". Las amenazas del gobernador acabaron, no obstante, con esta respuesta.
Fuentes: J. M. Macarro Vera, La Sevilla Republicana, y "Sindicatos y organizaciones obreras en la Segunda República"; Ángeles González Fernández, "Unos difíciles comienzos: el obrerismo organizado de la Restauración a la Dictadura de Primo de Rivera" en Leandro Álvarez y Encarnación Lemus (Coords.), Sindicatos y Trabajadores en Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación El Monte, Sevilla, 2000. Gracias a Pepe Montaño por su ayuda.

Este es un artículo de la época (04/04/1933) en el diario ABC sobre la Liga de Inquilinos (ver especialmente las ilustraciones).

Nietzsche y la política

En la página de Rebelión hemos encontrado una interesante entrevista a Nicolás Alberto González Varela En esta entrevista se denuncia el expurgo histórico y político de la obra de Nietzsche por parte del campo académico filosófico, así como los sucesivos intentos de "depuración" por filósofos como Heidegger, Deleuze o Bataille, que situaron los conceptos nietzscheanos fuera de todo nexo con el mundo histórico-social en el que surgieron. Se desmiente también en la entrevista la leyenda de la nazificación de la obra de Nietzsche a cargo de su hermana Elisabeth, que más bien suavizó algunas de las afirmaciones del pensador, admirador de Bismark y Napoleón III, y enemigo de socialismo y el anarquismo. También grandes historiadores sociales o de las ideas, como Eric Hobsbawm o Norbert Elias, han situado a Nietzsche en la gran corriente reaccionaria que desembocó en el fascismo europeo: "La filosofía de Nietzsche se desarrolló en contraposición polémica y mortal contra el socialismo. Su pathos es el horror a la nivelación política, social y cultural de Europa. Es la filosofía de combate reaccionaria contra el modernismo, la democracia, la nacionalización de las masas y el comunismo". La crítica de Nietzsche a la modernidad burguesa o a la moral tradicional es de orientación opuesta a una visión progresista o de izquierdas.
Sobre la inclusión de Nietzsche en la tríada de maestros de la sospecha (junto a Marx y Freud), González Varela señala en la entrevista que "es un gigantesco malentendido", algo que no se sostiene textualmente:
"En realidad Nietzsche es el "Anti Marx", no sólo desde su obra escrita sino en su praxis, en su vida. El malentendido no es nuevo: ya se intentó hacer una amalgama entre Nietzsche y Marx a fines del siglo XIX, en círculos anarquistas e incluso en sectores juveniles de la socialdemocracia alemana. ¡Hasta los mismos bolcheviques! Dentro de la corriente del marxismo ruso de principios del siglo XX Lunacharski, adversario de Lenin dentro del bolchevismo, luego Comisario para la Educación de la joven URSS, intentó sin éxito buscar puntos de contacto entre Nietzsche y Marx. Creo que fue el primer nietzscheano de izquierda de la historia... La amalgama no es nueva. Salvo forzándolos o travistiendo sus teorías y praxis es posible encontrar denominadores comunes. Pero parece que es una tarea de Sísifo que los intelectuales acometen con empeño, lo mismo se ha intentado con Heidegger o Carl Schmitt.  Pero esa tríada (Marx, Nietzsche y Freud) es esquemática, forzada y arbitraria, una genealogía insostenible. Pero de moda y simpática. Así es el mercado de las ideas intelectuales".
El sociólogo francés P. Bourdieu, en su libro La ontología política de M. Heidegger (Paidós, 1991), ya advirtió de la necesidad de abandonar la oposición entre una lectura política y filosófica. Frente a los "guardianes de la forma" que consideran vulgar o sacrílego cualquier enfoque que no sea la meditación interna de la obra, Bourdieu rechazaba, en su análisis de la obra de otro pensador reaccionario como Heidegger, tanto "la pretensión de autonomía absoluta del texto filosófico" y su rechazo a toda referencia externa (al campo político), como "la reducción directa del texto a las condiciones más generales de su producción". La diferencia, respecto al caso de Nietzsche, es que en Heidegger se observa quizás una más disimulada elaboración filosófica de sus tomas de posición ético-políticas. La formalización filosófica puede volver así irreconocible "la relación entre el producto final (la obra filosófica) y los determinantes sociales que están en su base". Como señala Bourdieu, la radicalidad de la que hacen gala estos dos pensadores, "provee su más inatacable justificación del conformismo": "Hacer de la alienación ontológica el fundamento de toda alienación es, si se puede decir, banalizar y desrealizar a la vez la alienación económica y el discurso sobre esta alienación por una superación radical, pero ficticia, de toda superación revolucionaria"

Notas sobre la reforma de las pensiones (en el contexto de la historia reciente de las reformas laborales en el Estado español)

La última reforma del sistema público de las pensiones, al que ya dedicamos una entrada, ha sido un paso más en el avance de la globalización económica neoliberal en el Estado español. Medidas como la prolongación de la edad de jubilación o el fomento de los planes de pensiones privados eran ya demandados hace tiempo desde el capitalismo especulativo que domina el mercado. La crisis económica ha sido el empujón que ha presionado y servido de excusa al gobierno socialista para tomar estas medidas, que asume como impopulares, pero que, en este caso, ha contado con el apoyo incomprensible de las dos más importantes centrales sindicales del país.
Pero hagamos memoria. Ya en 1985, el gobierno de Felipe González promovió una ley que endurecía las condiciones para acceder a las pensiones de jubilación (Ley 26/1985). A pesar de una huelga general y la movilización de todos los sindicatos de clase, excepto la UGT, no se pudo frenar la ley.
En 1995, con el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias estatales y de CCOO y UGT, se firmó el llamado Pacto de Toledo, con el que se pretendía, una vez más, alertar de la inviabilidad de la Seguridad Social y establecer reformar estructurales en el sistema de pensiones público. En octubre de 1996, el nuevo gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo con UGT y CCOO que fue la base de la Ley de Derechos de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, aprobado en el Parlamento en junio de 1977. Los puntos más negativos del pacto de Toledo, como ha señalado Emili Cortavitarte (Mientras Tanto, nº 91-92, p. 53) fueron "el claro cuestionamiento de los principios en los que se basaba la Seguridad Social en España (la universalidad del sistema y la garantía de cobertura asistencial y de pensiones) y el nuevo trasvase de rentas que implica: mientras se aumentan los beneficios empresariales por la vía de la reducción de la cuota empresarial a la SS, disminuyen las rentas de los trabajadores y trabajadoras debido a la reducción efectiva de las pensiones. Se amplía el campo de cálculo de la base a los últimos 15 años, se reducen los porcentajes al aplicar la base reguladora en función de los años cotizados y se penalizan las jubilaciones anticipadas voluntarias... Se realiza también una valoración positiva de los sistemas complementarios, es decir, de los sistemas privados de pensiones, mediante bonificaciones fiscales".
En 2001, el gobierno, CCOO y la CEOE firman un nuevo pacto con el objetivo, nuevamente, de "consolidar" el sistema de Seguridad Social en el marco establecido por el Pacto de Toledo. El acuerdo, como ha señalado E. Cortavitarte (op. cit., p. 55), "seguía dando largas para que el Estado se hiciera cargo de las pensiones no contributivas y se aplazaba al 2004 la constitución del Fondo de reserva que asegure la viabilidad del sistema público. Otros aspectos negativos del pacto de pensiones eran: el compromiso de negociación, en el 2003, del periodo de cálculo de pensiones, que tras el Pacto de Toledo se situó en los últimos 15 años, y que el gobierno y la patronal pretenden ampliar a toda la vida laboral con la consiguiente reducción de las pensiones; el vergonzoso compromiso sin fecha de aumentar las pensiones de viudedad del 45% al 52% de la base reguladora; la jubilación anticipada queda en manos de los empresarios y con amplias posibilidades de fraude; y no se aseguran los mecanismos para una pensión digna a los mayores de 52 años despedidos voluntariamente".
Y todo este proceso, enmarcado en 20 años de desregulación laboral, paro, eventualidad, precariedad laboral, exclusión laboral y trasvase de rentas.

Aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN

Continuando con esta especie de crónica sentimental de las luchas sociales de nuestra historia más reciente, desde las protestas estudiantiles contra la selectividad a la actual reforma de pensiones, hoy las noticias nos han traído a la memoria el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN (1986), del que "celebramos" su 25 aniversario. España ya pertenecía a esta organización militar, nacida en el contexto de la Guerra Fría, desde el 30 de mayo de 1982. Convocado por el gobierno presidido por Felipe González, que en la oposición había defendido el ambiguo lema "OTAN, de entrada NO", en el referéndum se les presentaba a los españoles mayores de 18 años una papeleta con el siguiente texto y pregunta:

El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
  2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
  3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?

El resultado fue el "sí" a la permanencia, gracias al apoyo del 52,5% de los votantes, frente al 39,8% que votó en favor del "no". De todas formas, la consulta tenía un carácter consultivo, no vinculante, con arreglo al artículo 92 de la Constitución.
Como se puede comprobar, no se cumplieron ninguna de las condiciones que aparecían en el referéndum. En la actualidad, el ex-presidente del Gobierno ha manifestado que sólo lamenta el haberlo convocado. Asimismo, el Ministro de Defensa de esa época considera en la actualidad un error el convocar referendos sobre cuestiones que él considera de "expertos" (pero reconoce que lo hicieron por la presión popular). Probablemente por esto, en España sólo ha habido 4 referendos desde 1974 hasta la actualidad: ¿ha pasado la política a ser una cuestión de expertos?
A continuación hemos rescatado una canción de Javier Krahe titulada "Cuervo ingenuo", censurada en TVE en Febrero de 1986 durante la retransmisión de un concierto de Joaquín Sabina en el teatro Salamanca.

1986 fue también el año del desastre de la central nuclear de Chernobil (28 de abril), el asesinato de Olof Palme, y el descubrimiento de la "guerra sucia" del gobierno español contra la banda terrorista ETA (tras la denuncia de las conexiones de los GAL con el Ministerio de Interior socialista). Continuaremos en otra entrada hablando de la creación de los Comités Anti-Otan, así como de la necesidad de continuar esa lucha por hacer realidad el grito que sonaba en muchas manifestaciones y protestas de ese año de 1986; un grito que unió a gran parte de la izquierda y dio una fuerte presencia social al movimiento pacifista de este país: ¡OTAN NO, BASES FUERA!

Contra la Selectividad (V): la aprobación de la ley y las normas para el desarrollo de las pruebas

El viernes 31 de mayo de 1974, en el debate sobre el proyecto de ley de selectividad en las Cortes franquistas, se desestimaron todas las enmiendas totales presentadas. Según recoge el diario La Vanguardia, entre los argumentos de los procuradores disidentes se encontraban los siguientes:
Es una ley innecesaria, pues según un procurador, "está suficientemente prevista en la LGE la preparación de los alumnos, incluida la programación y la supervisión por la Universidad del COU; basta con que todas estas previsiones se cumplan para que los alumnos lleguen preparados. Y si no lo están, mal podrá capacitarlos un nuevo examen".
Es una ley ineficaz. Varios procuradores manifestaron sus dudas acerca de que el proyecto de ley pueda mejorar la calidad universitaria, mientras que la masificación se considera que afecta sólo a unos centros y es un asunto más de presupuestos que de estudiantes. Y para resolver este punto se considera más útil una reforma fiscal que una prueba de acceso".
Es una ley incongruente con el resto del sistema educativo y con el método de evaluación continua. Altera los presupuestos del COU que queda devaluado y prácticamente anulado en sus fines de orientación vocacional y de ensedanza de las técnicas de trabajo universitario.
Es, además, una ley impopular e inconstitucional (pues restringía el derecho a la educación).
El 12 de junio comenzó a debatirse el articulado del proyecto de ley de selectividad.
El 18 de enero de 1975 se publicaba en el BOE el contenido y las normas del desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad. Según la redactora de La Vanguardia, tras el fuerte debate y la oposición previa, se había suavizado el proyecto de ley, "lo que viene a demostrar que, incluso en España, las campañas tienen su efecto. La ley de selectividad se aprobó más o menos como el Ministerio la había elaborado, pero la norma que la desarrolla ha sido dulcificada". Por ello, la compara con la anterior prueba del curso preuniversitario, en la que aprobaba aproximadamente un 50%, en ocasiones menos, dependiendo del tribunal. Días más tarde, en las cartas al director, aparecía la réplica de un catedrático de instituto a la noticia antes comentada. Este catedrático negaba la "racionalidad" de la nueva prueba -frente a lo que sostenía la redactora-, pues eran pruebas que no versaban sobre las materias del COU y no estaban evaluadas por especialistas (un tribunal de 5 miembros para 20 materias). Hablaba por ello, de una "victoria pírrica" frente al Ministerio. El 28 de enero, el mismo periódico recogía la protesta de la Asociación de Catedráticos de Instituto de Madrid respecto a la falta de adecuación de las nuevas pruebas a la planificación del COU.

Contra la Selectividad (IV): crónica de una ley

Siguiendo la prensa de la época, podemos ir reconstruyendo parte del proceso de aprobación de la ley de Selectividad, así como -dentro de los límites de la censura franquista- las críticas, protestas y manifestaciones que provocó su presentación. Hoy vamos a centrarnos en el diario La Vanguardia. El 30 de marzo de 1974 el diario barcelonés recogía la acogida desfavorable que el proyecto de ley sobre las pruebas de selectividad seguía teniendo entre amplios sectores sociales. Se denunciaba la contradicción de esta ley con el espíritu y la letra de la Ley General de Educación (su carácter de prueba superpuesta a la evaluación continua), la desconfianza que suponía su implantación respecto a la labor de los Institutos de Enseñanza Media, así como la negligencia por parte de la universidad en relación con los programas y la supervisión del Curso de Orientación Universitaria, que ya perdía la finalidad de su denominación. Entre las protestas destacaba la del alumnado de 20 centros de Barcelona que solicitaban que aprobar el COU fuera condición suficiente para el ingreso en la universidad.
El 3 de abril, el Ministro de Educación y Ciencia expuso el proyecto de ley ante el Consejo Nacional de Trabajadores. En su defensa de la ley, el Ministro señalaba que el COU se había acreditado como insuficiente para valorar la aptitud universitaria del alumnado. Y esto a la vez que reconocía el siguiente panorama educativo en España: 200.000 alumnos sin escolarizar y 500.000 mal escolarizados; 19.000 docentes, de los cuales sólo 2.500 pertenecían a la plantilla de los centros, y el resto desempeñaban funciones con carácter interino o contratado; un profesorado sobre el que además se afirmaba que se primaría "la dedicación exclusiva".
El 9 de abril La Vanguardia destacaba que el proyecto de ley de Selectividad había alcanzado el record de enmiendas a la totalidad (25) en la historia de las Cortes franquistas, junto a 167 enmiendas contra determinados aspectos de la ley (especialmente contra su aplicación en ese mismo curso). La Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanzas Medias amenazó con aconsejar a sus asociados el aprobado general para todos los alumnos de COU, "y aún amenazaba con no impartir clase de este curso el año próximo". Por otro lado, el Ministerio recibía el apoyo de las Juntas de Gobierno de las Universidades de Barcelona, Bilbao, Salamanca, Politécnica y autónoma de Madrid, Zaragoza y Santiago. La Asociación Naciona de Padres de Alumnos y la Unión Nacional de Asociaciones Familiares denunciaban la carencia de medios y las pocas salidas profesionales que se ofrecían a los titulados universitarios.
El 12 de abril, en portada, aparecía la rueda de prensa convocada por el Ministro de Educación para defender la bondad de la ley de selectividad, su propósito de mejorar la calidad de la educación y evitar la masificación y la falta de control. El Ministro negaba que se tratara de implantar un numerus claussus y se defendía de las acusaciones respecto al carácter restrictivo y clasista de la ley. Según el Ministro, "la formación, llegados a este punto (el paso a la Universidad), ha nivelado las posibles diferencias de estadios sociales iniciales"; además, señalaba, existían 30.000 vacantes en la formación profesional estatal, y las escuelas universitarias estaban infrautilizadas. Estos últimos aparecían como los espacios de formación "naturales" de los estudiantes provenientes de las clases populares.
El 10 de mayo hubo un paro generalizado en las tres universidades barcelonesas, al que se unieron alumnos de enseñanzas medias. Hubo varias concentraciones y manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas por la "Policía Armada". El rector de la universidad explicaba a la prensa que tras un "fructífero diálogo" acordó con los estudiantes convocar periódicas reuniones de acuerdo con un calendario, sin entrar en valorar ninguna de las cinco medidas solicitadas por los convocantes de la protesta.
El 17 de mayo el Ministro presenta en las Cortes franquistas el proyecto de ley sobre selectividad. En su discurso insistió que "es propósito firme de la Administración evitar todo privilegio de clase" (si insistía, por algo sería, seguramente para negar lo evidente).
El 30 de mayo comenzaron los debates sobre el proyecto de ley. El director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, afirmaba en su discurso: "La actual Enseñanza Media está produciendo un tipo genérico de estudiante que se repite a sí mismo en aterradoras proporciones, y que cualquier profesor de Instituto o Universidad podrá descubrir como vocacionalmente indiferente, disminuido de saberes instrumentales y sin ilusiones culturales definidas". Por otro lado, un procurador resaltaba la diferencia en el número de aprobados en las últimas convocatorias del curso preuniversitario respecto a las del COU, "donde se ha llegado a aprobar más del noventa por ciento". Una de dos, o los estudiantes de medias eran "aterradores" como denunciaba Felipe Lucena, o eran más aplicados que en otras épocas, como señalaba el procurador (¿o quizás insinuaba que aprobar al noventa por ciento hacía al COU sospechoso de ser un filtro poco eficaz?). Ese mismo procurador calificaba de utópico el sistema de evaluación continuada que sostenía la reciente Ley General de Educación, y que la ley de selectividad venía a contradecir, pues señalaba la alta relación profesor-alumno en las escuelas de la época, que sobrepasaba con creces las recomendadas de 25 o 30 alumnos.